martes, 7 de julio de 2009

Uniminidad en la regulacion de las "casitas"

El primer punto del orden del día de la sesión plenaria extraordinaria celebrada esta mañana era aprobado por unanimidad entre todos los grupos políticos que forman parte de la corporación municipal.
El asunto había sido presentado a propuesta del Partido Popular y busca iniciar la tramitación de instrumentos de planeamiento de minimización del impacto territorial generado por las viviendas construidas en suelo no urbanizable. Es decir, que con la aprobación de este punto se inicia hoy un proceso por el cual las viviendas construidas de forma irregular en el extrarradio de Ontinyent (el diseminado) a lo largo de los últimos cuarenta años, ven abierto el camino para su ordenación y contemplación de forma legal dentro del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
“Se trata de la primera vez que un gobierno municipal aborda de una manera clara y decidida la problemática de las viviendas irregulares del diseminado y tratar de darle una solución”, ha explicado Filiberto Tortosa, concejal de Urbanismo a la vez que portavoz del grupo municipal del Partido Popular.
La primera de las acciones emprendidas por el Partido Popular tras su acceso a la alcaldía fue el inicio de una ordenación pormenorizada de la mitad del suelo urbanizable de Ontinyent, que regularizará 4,5 millones m2. Ahora se inicia el proceso del suelo no urbanizable, “un proceso que será largo y complicado pero que era necesario realizar después de tantos años de problemática urbanística en este aspecto”, según ha indicado Tortosa.
“Con el proceso que se inicia, todas aquellas casas que se encuentren dentro del suelo no urbanizable con una densidad de tres viviendas por hectárea, podrán regularizarse y disponer de las infrestructuras necesarias que minimicen su impacto urbanistico, es decir, agua, luz, accesos rodados y red de saneamiento”, explica el edil de Urbanismo.
Los pasos que deben seguirse para regularizar estas viviendas son, en primer lugar y tal y como se ha hecho con la ordenación del suelo urbanizable, la contratación de una asistencia técnica para la redacción de los documentos que establezcan las condiciones de actuación en el suelo no urbanizable.
La elaboración de este documento será controlada por una comisión de la que formará parte la alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, un miembro de cada grupo político, el jefe de la Oficina Técnica, la Técnica de Administración General de la Oficina Técnica, un técnico designado por alcaldía y un técnico designado por las asociaciones representativas del diseminado.
Una vez redactado el documento, deberá ser aprobado de forma provisional por el pleno municipal, y será la Generalitat Valenciana quien dé la aprobación definitiva.
La problemática de la construcción de viviendas ilegales en la zona del diseminado se remonta a los años 50, y se vió agravada a partir de los años 90 con la prolilferación de las mismas.
Con el paso de los años y la aprobación de normas urbanísticas por parte de los gobiernos centrales y autonómicos, este problema degeneró en un conflicto social que en Ontinyent ningún gobierno municipal, se ha atrevido a abordar, a pesar de que el PGOU vigente hace contínuas referencias a la necesidad de regularizar la situación de las miles de casas construidas de forma alegal en el extrarradio de la ciudad.
“El PGOU vigente realiza muchas referencias a esta situación de irregularidad de las casas de campo y a la necesidad de su ordenación a través del establecimiento de mecanismos de gestión que posibiliten la dotación de infraestructuras a las viviendas ya consolidadas”, explica Tortosa.
El artículo 1.2 de las Directrices de Evaluación Urbana y de Ocupación del Territorio expone que “una de las características fundamentales de la forma histórica de ocupación del territorio en el municipio de Ontinyent es el desarrollo caótico e indiscriminado de las viviendas diseminadas en el entorno del casco urbano al margen de la legalidad, que debe reconvertirse para su conversión en zona residencial con la debida dotación de infraestructuras de servicio y comunicación”.
Además, de forma complementaria a esta directriz, el artículo 1.52 de las normas urbanísticas del actual PGOU, establece la posibilidad de aprobar planes especiales en suelo no urbanizable para minimizar el impacto territorial generado por los núcleos de viviendas regulados en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley de Suelo No Urbanizable (conjuntos de más de diez viviendas existentes dentro de un círculo de cien metros de radio cuya implantación se haya efectuado al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación).
“Resulta evidente por tanto, que la administración local se encuentra obligada, porque así lo prevé el Plan General, a la ordenación, conjunto y hegemonía de aquellas casas en situación ilegal”, finaliza Tortosa.