El punto 3.6 del orden del día del pleno de Octubre del Ayuntamiento de Ontinyent, sometía a votación la caducidad de varios expedientes urbanísticos a petición de los afectados.
Fue éste el único punto en el que no hubo unanimidad, de todos los presentados ese dia, puesto que tanto el PSOE como el Bloc votaron en contra.
Filiberto Tortosa, portavoz del Partido Popular y concejal de Urbanismo, explicaba que “en nuestro programa electoral prometíamos dar una solución definitiva a la problemática de las casitas. Ahora en cumplimiento de la ley, es obligación caducar los expedientes, ya que ha transcurrido el plazo legal y el anterior equipo de gobierno no dictó ninguna resolución, pese a que le correspondía hacerlo”.
“Hemos intentado llegar a un acuerdo con el PSOE y el BLOC, que son los responsables de esta situación. A pesar de los esfuerzos hechos por el equipo de gobierno, ha sido imposible”, afirma Tortosa.
Desde el PP indican que la actitud de Jorge Rodríguez y su grupo político, fue “un acto de irresponsabilidad”, máxime teniendo en cuenta que “conocen perfectamente el contenido de los expedientes”.
El concejal del Bloc, Joan Cambra, no quiso explicar el voto negativo emitido por su partido a este punto del orden del día, mientras que la concejala Rebeca Torró, en representación de su partido, el PSOE, esgrimió como argumento que “el pleno municipal no puede asumir competencias que no nos son propias, ya que le corresponden al concejal de Urbanismo”.
Tras la finalización de la sesión plenaria, tomó la palabra un representante de la Asociación en Defensa de las Casas de Campo (ADECCA), cuyos afectados por este asunto se encontraban en el público debido al interés suscitado por el tratamiento de este punto.
El representante de ADECCA, Víctor Márquez, agradeció al equipo de gobierno el haber atajado este problema “debido a una solución que se tomó de forma totalmente arbitraria y que afectó solamente a diez vecinos, mientras que miembros del anterior equipo de gobierno estaban en la misma situación que nosotros y no se actuó contra ellos”.
ADECCA se dirigió a los portavoces de los dos partidos políticos de la oposición, manifestándoles su descontento por “el voto emitido en este punto” y les expresó que “ninguno de los dos puede alegar ignorancia en este asunto, porque el señor Cambra era concejal de Diseminado en la anterior legislatura, y el señor Rodrígez nos reconoció en una de las reuniones mantenidas con él que la decisión de la paralización de las casas había sido una injusticia”.
Márquez señaló que “esperábamos que todos hubiesen votado a favor en este asunto para poder pasar página y no haber dejado toda la responsabilidad al equipo de gobierno”.
Fue éste el único punto en el que no hubo unanimidad, de todos los presentados ese dia, puesto que tanto el PSOE como el Bloc votaron en contra.
Filiberto Tortosa, portavoz del Partido Popular y concejal de Urbanismo, explicaba que “en nuestro programa electoral prometíamos dar una solución definitiva a la problemática de las casitas. Ahora en cumplimiento de la ley, es obligación caducar los expedientes, ya que ha transcurrido el plazo legal y el anterior equipo de gobierno no dictó ninguna resolución, pese a que le correspondía hacerlo”.
“Hemos intentado llegar a un acuerdo con el PSOE y el BLOC, que son los responsables de esta situación. A pesar de los esfuerzos hechos por el equipo de gobierno, ha sido imposible”, afirma Tortosa.
Desde el PP indican que la actitud de Jorge Rodríguez y su grupo político, fue “un acto de irresponsabilidad”, máxime teniendo en cuenta que “conocen perfectamente el contenido de los expedientes”.
El concejal del Bloc, Joan Cambra, no quiso explicar el voto negativo emitido por su partido a este punto del orden del día, mientras que la concejala Rebeca Torró, en representación de su partido, el PSOE, esgrimió como argumento que “el pleno municipal no puede asumir competencias que no nos son propias, ya que le corresponden al concejal de Urbanismo”.
Tras la finalización de la sesión plenaria, tomó la palabra un representante de la Asociación en Defensa de las Casas de Campo (ADECCA), cuyos afectados por este asunto se encontraban en el público debido al interés suscitado por el tratamiento de este punto.
El representante de ADECCA, Víctor Márquez, agradeció al equipo de gobierno el haber atajado este problema “debido a una solución que se tomó de forma totalmente arbitraria y que afectó solamente a diez vecinos, mientras que miembros del anterior equipo de gobierno estaban en la misma situación que nosotros y no se actuó contra ellos”.
ADECCA se dirigió a los portavoces de los dos partidos políticos de la oposición, manifestándoles su descontento por “el voto emitido en este punto” y les expresó que “ninguno de los dos puede alegar ignorancia en este asunto, porque el señor Cambra era concejal de Diseminado en la anterior legislatura, y el señor Rodrígez nos reconoció en una de las reuniones mantenidas con él que la decisión de la paralización de las casas había sido una injusticia”.
Márquez señaló que “esperábamos que todos hubiesen votado a favor en este asunto para poder pasar página y no haber dejado toda la responsabilidad al equipo de gobierno”.
